dos demandas pueden cambiarlo todo
Los casos de dos personas, hasta hoy dos víctimas del terrorismo, pueden llegar a cambiar Internet tal y como lo conocemos. Los casos de Nohemi González y Nawras Alassaf se dirimen en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y con ellos el futuro de Internet y las redes sociales.
Nohemi González y Nawras Alassaf
La joven estadounidense Nohemi González fue asesinada en París en los atentados del 13 de noviembre del 2015, en los que 130 personas perdieron la vida a manos del ISIS o Estado Islámico. El jordano Nawras Alassaf murió el 1 de enero del 2017 en Estambul a manos de Abdulkadir Masharipov, un terrorista que irrumpió en un club nocturno y asesinó a 39 personas.
Nohemí y Nawras no se conocían; no tuvieron nada en común; sus vidas nunca se conectaron. Pero ahora sí están conectadas sus muertes. Esta semana, la Corte Suprema de EE UU ha comenzado a estudiar una vieja cuestión que relaciona aquellos dos atentados terroristas: ¿Tienen las empresas tecnológicas responsabilidad en el contenido que los usuarios publican en sus plataformas?
Ley de Decencia en las Comunicaciones
Las demandas han sido interpuestas por familiares de fallecidos en atentados terroristas del Estado Islámico. Ambas le piden por primera vez al Supremo que interprete la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.
Durante décadas, esa ley, promulgada siendo Bill Clinton presidente, ha protegido a las tecnológicas de responsabilidades. Durante estos treinta años, la ley ha dado poder a las empresas tecnológicas para moderar los contenidos que publican los usuarios, al tiempo que las ha protegido de ser demandadas por lo publicado porque no son un “editor”.
En virtud de esta ley, si una persona usa Twitter, Facebook o cualquier otra red social para acusar, engañar o insultar a otra, esta última no puede demandar a la plataforma, sino a la persona que lo publicó y sólo a ella. Ese escudo le sirven a estas redes sociales pero también a webs como Reddit, TripAdvisor y hasta la mismísima Wikipedia.
González contra Google
La primera demanda, González contra Google, ha sido interpuesta por la familia de Nohemí González, la estadounidense de 23 años asesinada mientras estudiaba en París, en los atentados terroristas de 2015. La familia demanda a Google (empresa propietaria de YouTube) por “recomendar afirmativamente a los usuarios vídeos de ISIS” a través de su algoritmo de recomendaciones. La primera vista del caso tuvo lugar el pasado martes 21 de febrero.
Según la demanda, la plataforma de intercambio de vídeos YouTube “ayudó e incitó” al Estado Islámico a llevar a cabo actos punibles en virtud de la legislación antiterrorista estadounidense. “Se alega que los demandados (Google) recomendaron a los usuarios ver vídeos incendiarios creados por el ISIS, vídeos que desempeñaron un papel clave en el reclutamiento de combatientes para unirse al ISIS en su sometimiento de una amplia zona de Oriente Medio, y para cometer actos terroristas en sus países de origen”, expone la demanda de la familia González.
Alassaf contra Twitter
El segundo caso es Alassaf contra Twitter. Es la demanda presentada por la familia del jordano Nawras Alassaf, muerto en un atentado del ISIS en Estambul en 2017. La demanda se basa en la Ley Antiterrorista, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a cualquiera que “ayude e instigue” al terrorismo internacional “proporcionando a sabiendas asistencia sustancial”.
La familia de Alassaf alega que, a pesar de saber que sus plataformas desempeñaban un papel importante en los esfuerzos terroristas del ISIS, Twitter y las demás empresas tecnológicas no tomaron medidas para mantener el contenido del ISIS fuera de esas plataformas. También afirma que las plataformas ayudaron al crecimiento de ISIS recomendando contenido extremista a través de sus algoritmos.
González contra Google: qué dijo antes la Justicia
Antes de llegar a la Corte Suprema, la familia de Noemí Gonzalez había demandado a Google y a otros, entre ellos Twitter y Facebook, ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE UU.
Twitter y Google fueron retirados posteriormente del caso y Google negó haber ayudado a difundir mensajes extremistas. En 2021, ese tribunal desestimó la demanda. El argumento del juez fue que la empresa Google estaba protegida por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Fue por eso que los abogados de los González recurrieron al máximo tribunal.
¿Son recomendaciones lo que propone YouTube?
Parte del dílema que discute el Supremo estadounidense está en esos otros vídeos o recomendaciones que nos hace YouTube para sigamos viendo más. “El problema es que cuando haces clic en un video, YouTube te seguirá mostrando automáticamente otros que no has solicitado”, comenta el abogado Eric Schnapper, en nombre de la familia González.
Internet jamás habría despegado si todo el mundo pudiese demandar todo el tiempo”
Lisa Blatt, representante de Google, considera que el término “recomendación” es excesivo. “Hay 3.500 millones de consultas diarias en el motor de búsqueda. (Las respuestas) son diferentes para cada persona y podrían todas ser consideradas como recomendaciones”, asegura. “Internet jamás habría despegado si todo el mundo pudiese demandar todo el tiempo”, afirma Blatt.
A la portavoz del buscador más famoso y utilizado le gusta recordar las “26 palabras que crearon internet” y que aparecen consagradas en la Sección 230: “Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como editor o altavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenidos informativos”.
¿Twitter instigó a los terroristas?
En el caso de Alassaf contra Twitter, los denunciantes defienden que si organizaciones terroristas como el ISIS utilizan Twitter “para reclutar miembros, emitir amenazas terroristas, difundir propaganda, infundir miedo e intimidar a la población civil”, las compañías tecnológicas son responsables. Consideran que la compañía ahora de Elon Musk brindó apoyo al Estado Islámico con su infraestructura y al no controlar y eliminar de manera proactiva el contenido publicado por los terroristas.
De modo que el Tribunal Supremo tendrá que dirimir si, según la Ley Antiterrorista, se puede considerar que las plataformas de redes sociales que alojan contenido de usuarios han ayudado e instigado un acto de terrorismo internacional por su supuesta falla a la hora de filtrar y eliminar el contenido publicado por organizaciones terroristas.
¿Y si el Supremo da la razón a los demandantes?
Si la Corte Suprema tuviera en cuenta las demandas de las familias González y/o Alassaf, Internet saltaría por los aires. Al menos lo haría el negocio de las redes sociales tal y como lo conocemos porque de repente las empresas sí tendrían responsabilidad en lo que se publica.
Las empresas tecnológicas, las grandes y las pequeñas, están siguiendo el caso con un nudo en la garganta. Como cuenta CNN, se muestran temerosas de que los jueces puedan cambiar la forma en que las web y redes recomiendan y moderan el contenido. El miedo es a que puedan acabar siendo vulnerables a docenas de demandas que amenazarían su propia existencia.
Si nos ponemos de su lado, de pronto Google dejará de estar protegido. Pero ¿no es algo que debe decidir el Congreso y no el tribunal?”
¿Es labor de los políticos o de los jueces?
“Si nos ponemos de su lado, de pronto Google dejará de estar protegido. Y quizá es lo que quiere el Congreso, pero ¿no es algo que debe decidir el Congreso y no el tribunal?”, se preguntó hace unos días la jueza Elena Kagan.
Efectivamente, ya en el pasado hubo jueces del Tribunal Supremo de EE UU que se mostraron a favor de cambiar la lectura del artículo 230. Sin embargo, la división entre demócratas y republicanos, más pronunciada que nunca desde la irrupción de Donald Trump, hace muy difícil acordar ese cambio.
